Pablo NavarroVIEW PROFILE →
Ciberseguridad en España 2026: récord de incidentes, ransomware más costoso y un marco NIS2 aún pendiente
España afronta en 2026 un aumento récord de los ciberincidentes y las brechas de datos. INCIBE gestionó 122.223 incidentes en 2025, un 26 por ciento más, mientras la AEPD registró 1.737 brechas en solo cuatro meses. El ransomware sigue siendo la amenaza más costosa y la directiva NIS2 continúa sin t
La ciberseguridad se ha consolidado en 2026 como uno de los grandes desafíos para España, tanto para las empresas como para las administraciones públicas y los ciudadanos. Los datos más recientes dibujan un panorama preocupante, con un aumento sostenido de los incidentes, un mayor coste económico de los ataques y un marco regulatorio que todavía presenta lagunas importantes. Todo ello configura un escenario en el que la protección de los datos se vuelve más urgente que nunca.
El informe de INCIBE y el auge de los incidentes
El Instituto Nacional de Ciberseguridad, conocido como INCIBE, publicó el 9 de febrero de 2026 su informe oficial sobre la situación del país. Según este documento, durante el año 2025 se gestionaron un total de 122.223 incidentes, lo que supone un incremento del 26 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra refleja con claridad la creciente exposición de España a las amenazas digitales y la intensificación de la actividad delictiva en el entorno virtual.
Dentro de ese conjunto de incidentes, el software malicioso, o malware, se situó como la categoría más frecuente, con 55.411 casos registrados. A ello se sumaron 45.445 casos de fraude en línea, una cifra que representa un aumento del 19 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. El phishing, por su parte, se consolidó como el principal vector de ataque, con 25.133 casos identificados a lo largo del año analizado por el instituto.
El ransomware, la amenaza más costosa

Entre todas las amenazas, el ransomware destaca por concentrar el mayor impacto económico por incidente. El informe de INCIBE contabilizó 392 ataques de este tipo durante 2025. Aunque su número es inferior al de otras modalidades, su coste es notablemente elevado, ya que para las empresas españolas de tamaño medio la factura media de cada ataque se sitúa entre los 80.000 y los 150.000 euros, una cantidad capaz de comprometer seriamente la viabilidad de muchos negocios.
La magnitud del problema se aprecia también en el contexto internacional. España representa aproximadamente el 2 por ciento de los ataques de ransomware publicados a escala global. Además, el cuarto trimestre de 2025 registró 2.473 víctimas publicadas en los llamados sitios de filtración, la cifra más alta de la que se tiene constancia. Estos datos evidencian que el fenómeno no solo persiste, sino que continúa creciendo de forma preocupante en todo el territorio.
Las brechas de datos y la actividad de la AEPD
Junto a los incidentes de ciberseguridad, las brechas de datos personales constituyen otro frente de gran relevancia. Según los datos de la Agencia Española de Protección de Datos, conocida como AEPD, en el conjunto de 2024 se notificaron 2.704 brechas, mientras que en 2025 la cifra fue de 2.600. Sin embargo, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se habían comunicado 1.737 notificaciones, lo que apunta a un posible récord anual.
El mes de marzo de 2026 resultó especialmente crítico, al alcanzar las 762 notificaciones, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha. Por sectores, el turismo encabezó la lista con 97 notificaciones, seguido de cerca por la sanidad con 93. También se vieron afectados el comercio minorista, con 36 casos, la educación, con 24, y los servicios informáticos, con 21, lo que demuestra que ningún ámbito queda al margen de estas amenazas.
El análisis de las brechas revela además una realidad inquietante sobre su origen. Un 68 por ciento de los casos analizados, es decir, 310 de 502 notificaciones, respondió a acciones intencionadas, frente a 144 de carácter accidental y 48 de origen desconocido. Entre los métodos más habituales figuran el acceso no autorizado a los sistemas, con 261 casos, el phishing y las cuentas comprometidas, con 144, y el cifrado mediante ransomware, con 117 incidentes registrados.
Desde el punto de vista geográfico, Madrid concentró el mayor número de notificaciones, con 135, seguida de Cataluña, con 114, y de la Comunidad Valenciana, con 52. También se contabilizaron 81 brechas de carácter transfronterizo, de las cuales 53 implicaron a Francia. Estos datos reflejan que la protección de la información es un reto que trasciende las fronteras y que exige una cooperación cada vez más estrecha entre los distintos países.
NIS2 y un sector en plena expansión
A pesar de la magnitud de las amenazas, España afronta este escenario con un marco regulatorio todavía incompleto. La directiva europea conocida como NIS2, orientada a reforzar la seguridad de las redes y los sistemas de información, tenía como fecha límite de transposición el 17 de octubre de 2024. Sin embargo, a fecha de marzo de 2026, la ley definitiva aún no había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, el diario oficial del país.
El proceso ha estado marcado por diversos hitos. El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto preliminar el 14 de enero de 2025, y en mayo de ese mismo año la Comisión Europea emitió un dictamen motivado a raíz del retraso acumulado. Aunque a principios de 2026 el proyecto recibió una clasificación de urgencia, seguía sin completarse, lo que mantiene a España en una situación de cierta indefinición jurídica en un ámbito considerado estratégico.
En contraste con estas dificultades regulatorias, el sector de la ciberseguridad vive un momento de gran dinamismo. El mercado alcanzó una facturación valorada en 6.351 millones de euros en el ejercicio de 2024 y da empleo a 164.761 profesionales en España. Además, ha experimentado un crecimiento del 70 por ciento desde el año 2020, lo que lo convierte en uno de los ámbitos más pujantes de la economía digital del país en la actualidad.
En conjunto, los datos de 2026 dibujan una España cada vez más expuesta a las amenazas digitales, pero también más consciente de su importancia. El aumento de los incidentes y de las brechas de datos convive con un sector profesional en expansión y con la necesidad de completar cuanto antes el marco legal pendiente. Los próximos meses serán decisivos para determinar si el país logra reforzar sus defensas al ritmo que exige la creciente sofisticación de los ataques.





