Pablo NavarroVIEW PROFILE →
España, en el punto de mira: los ciberataques se dispararon un 26 por ciento en 2025
El instituto nacional de ciberseguridad gestionó más de 122.000 incidentes en 2025, un 26 por ciento más que el año anterior. El ransomware, el phishing y el fraude en línea golpean con especial dureza a las pymes españolas.
La transformación digital ha traído enormes ventajas a la sociedad española, pero también ha abierto la puerta a un enemigo cada vez más activo y sofisticado. Los ciberataques ya no son una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana para empresas y ciudadanos de todo el país.
Los últimos datos oficiales confirman que la tendencia va claramente en aumento y no da tregua. El panorama que dibujan las cifras resulta preocupante y refleja hasta qué punto la seguridad digital se ha convertido en un asunto de primer orden para toda la sociedad.
Una cifra que no deja de crecer
Según el informe del instituto nacional de ciberseguridad, durante 2025 se gestionaron nada menos que 122.223 incidentes relacionados con la seguridad informática. La cifra supone un notable incremento del 26 por ciento respecto al año anterior.
Dentro de ese enorme volumen de casos, una categoría destaca claramente por encima de las demás. El software malicioso, conocido como malware, encabeza la lista con 55.411 incidentes y se consolida como la vía de ataque más habitual contra sistemas y dispositivos.
El ransomware, el más caro
No todos los ataques tienen el mismo impacto económico ni la misma gravedad. El ransomware, que secuestra los datos de una empresa a cambio de un rescate, registró 392 casos, una cifra relativamente baja pero de consecuencias verdaderamente devastadoras.
El coste de estos incidentes resulta especialmente elevado para las víctimas. Para una empresa española de tamaño medio, el impacto económico se sitúa de media entre los 80.000 y los 150.000 euros, una cantidad capaz de poner en serios apuros a muchos negocios.
Detrás de buena parte de esta actividad se encuentran grupos organizados muy concretos. El denominado Qilin concentra el 22,6 por ciento de la actividad de ransomware dirigida contra España, mientras que el resto se reparte entre numerosos grupos de menor tamaño.
Sectores estratégicos en el punto de mira

Los atacantes no eligen sus objetivos al azar, sino con evidente intención. Entre los operadores considerados esenciales e importantes, la banca fue el sector más golpeado, acumulando el 34 por ciento de los incidentes, seguida del transporte y de la energía.
Esta concentración de ataques en infraestructuras críticas resulta especialmente inquietante para las autoridades. Un incidente grave en la banca, el transporte o el suministro energético no solo afecta a una empresa, sino que puede tener repercusiones para toda la sociedad.
El fraude y el phishing, a la orden del día
Más allá de los grandes titulares, existe una amenaza mucho más cotidiana que afecta directamente a los ciudadanos de a pie. En 2025 se contabilizaron 45.445 casos de fraude en línea, lo que supone un aumento del 19 por ciento en apenas un año.
La puerta de entrada favorita de los delincuentes sigue siendo prácticamente la misma de siempre. El phishing, esa técnica que engaña a la víctima para robarle sus datos, sumó 25.133 casos y se mantiene como el vector de ataque más utilizado con diferencia.
Las pymes, el eslabón más débil
Si hay un colectivo especialmente vulnerable en todo este escenario, ese es el de las pequeñas y medianas empresas. Estas compañías forman la columna vertebral de la economía española, pero a menudo carecen de recursos para protegerse de forma adecuada.
Las estadísticas confirman esta fragilidad de manera contundente y preocupante. Se estima que la mitad de las pymes españolas sufre algún tipo de ciberataque cada año, una proporción que evidencia la urgente necesidad de reforzar cuanto antes sus defensas digitales.
El mensaje que se desprende de todos estos datos es claro y difícil de ignorar. La ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los grandes expertos para convertirse en una responsabilidad compartida por empresas, instituciones y ciudadanos por igual.






